Impunidad "patriótica"

Samuel Johnson dijo en el siglo XVIII que "el nacionalismo es el último refugio de los canallas". Tuvo mucha razón. En nuestro medio en particular, es común que la escasez de argumentos válidos por parte de cierto sector de la prensa y de la clase política comprometida con la búsqueda de impunidad para actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos durante las últimas dos décadas, sea frecuentemente encubierta con una verborrea patriotera que abunda en proclamas reivindicativas y no escatima acusaciones de "traición a la patria" y anuncia supuestas conspiraciones "antipatrióticas" y "proterroristas", dirigidas contra un heterogéneo grupo de personas y organizaciones que no comulgan con sus oscuros "ideales". (Hace unos años hicimos un análisis de los operativos psicosociales durante la dictadura de Fujimori, que tienen no pocas similaridades con los actuales, ver: http://stucchi.tripod.com/politica/psico.htm). Así, en el corto trayecto del actual gobierno de Alan García Pérez, lo esencial del discurso presidencial ha sido la arremetida contra las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la sistemática campaña a favor de la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.

No hay que ser experto en temas políticos para darse cuenta de que todas estas acciones tienen un fin común: la impunidad. Basta recordar que muchas ONGs de derechos humanos fueron en su momento el único baluarte contra los reiterados abusos de las fuerzas armadas en zonas de emergencia, y que su labor fue uno de los pilares del informe final de la CVR; otras ONGs, por su parte, se han dedicado a investigar los daños que ciertas empresas mineras han causado al medio ambiente. Se trata pues, de entidades incómodas para algunos grupos de poder, que por desgracia, parecen influir demasiado en el gobierno del "cambio responsable", como lo hicieron durante la década de Alberto Fujimori. En el caso de la CIDH, el fallo emitido hace unos meses en contra del estado peruano por la masacre de un grupo de presos amotinados ya rendidos, acusados por terrorismo (muchos de ellos sin sentencia, y por lo tanto, probablemente inocentes), en 1992, desató una ola de fingida "indignación" en el gobierno, que llegó inclusive al planteamiento de un retiro de dicha organización y a acusaciones de todo calibre contra los miembros de la CIDH y quienes están a su favor. Particularmente absurda es la acusación emprendida por el partido aprista en contra del ex-presidente Alejandro Toledo por "allanamiento ante la CIDH"; ¿qué se esperaba de él? ¿que impidiera "patrióticamente" la investigación? ¿o que planteara argumentos ridículos tipo "suicidio colectivo", tan gratos a la congresista fujimorista Martha Chávez? Curiosamente, nada se ha dicho en contra del verdadero responsable: el ex-presidente Alberto Fujimori, quien dirigió directamente la operación. Finalmente, la enfermiza obsesión de Alan García a favor de la pena de muerte, que no ha dudado en manipular sentimentalmente a los deudos de las víctimas del accionar criminal de Sendero Luminoso, nada tiene que ver con "promesas de campaña" ni mucho menos con idealismos. Es cada vez más evidente que el verdadero objetivo es el retiro de la Corte de San José, para evitar las sentencias por la masacre de presos amotinados en el penal de El Frontón en 1986, durante el primer gobierno del actual mandatario. Recapitulando, siempre la impunidad al final del camino. Nada más.

 

La verdad duele

Muchos quisieran que no hubiera existido jamás una comisión que investigara lo sucedido en los años de la violencia en el Perú. Que todo hubiese quedado en el olvido, que las decenas de miles de muertos se hubiesen quedado tranquilos en sus fosas comunes, y que las torturas y violaciones no hubieran traspasado las fronteras del amargo recuerdo de sus víctimas. Que muchos de los perpetradores de dichos crímenes continuaran llevando una vida tranquila, gozando de la eterna impunidad. Y que todos siguieran creyendo que "no pasó nada", que sólo hubieron "algunos excesos", y que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos eran "propaganda subversiva", "traición a la patria" o simplemente "cojudeces" (no merecedoras de ser atendidas en el arzobispado de Ayacucho). Por eso, cuando se investigó el tema, muchos se sintieron ofendidos y sumaron fuerzas para desacreditar de la peor manera a quienes investigaron y a los resultados de sus investigaciones, sin haberse siquiera tomado la molestia de leerlas. No era necesario, por supuesto. La consigna era ocultar. Ocultar que muchos de los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos fueron cometidos por quienes debieron precisamente proteger a la población. Ocultar que una parte importante de las víctimas de las fuerzas armadas no fueron feroces terroristas ni murieron en enfrentamientos armados, sino que muchas veces fueron hombres, mujeres, ancianos y niños inocentes y desarmados, victimados en sus mismas poblaciones solamente por ser sospechosos o por la posibilidad de que alguno de ellos fuera terrorista o "se convirtiera en terrorista". Ocultar que el estado no hizo el menor esfuerzo por ayudar a las víctimas y castigar a los culpables, sino que por el contrario, hizo el mayor esfuerzo posible por acallar cualquier denuncia y hasta defender solapadamente a los victimarios. No bastó que el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación condenara explícitamente a los movimientos terroristas Sendero Luminoso y MRTA; de todos modos, se le acusó de ser "prosenderista". No fue suficiente que dicho informe recogiera los testimonios de las víctimas de la violencia; se le acusó de inventar datos. Los defensores de la impunidad quería un informe que callara los crímenes de las fuerzas armadas, que no dijera nada de Accomarca, de Huancasancos y de Cayara. Que se acordara solamente de algunas víctimas y olvidara a otras. En suma, quería un informe castrado, "políticamente correcto", "respetuoso de la paz y el orden". Que no tocara a los intocables y que no perturbara a los imperturbables. Hubieron también quienes en forma bienintencionada hicieron llegar sus críticas y recomendaciones hacia lo que al fin y al cabo, es un trabajo humano susceptible de errores. Pero fueron la minoría y los de menor audiencia. El afán destructor dominó la escena. Y puede seguirla dominando, ahora más que antes.

Y es que a veces la verdad duele.